Desde mediados de enero de 2025, la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela, ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. La ofensiva del ELN, dirigida contra líderes del Frente 33 de las disidencias, ha desencadenado una serie de ataques que han dejado un saldo trágico de al menos 80 personas fallecidas.
La violencia ha provocado un desplazamiento masivo de la población civil. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 32,000 personas han abandonado sus hogares en busca de seguridad. Alrededor de 1,000 de estos desplazados han cruzado la frontera hacia Venezuela, buscando refugio ante la intensificación del conflicto.
En respuesta a la escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro ha tomado medidas drásticas. La Fiscalía General de la Nación ha reactivado las órdenes de captura contra 31 miembros del ELN, incluyendo a su líder negociador, Pablo Beltrán, y al comandante militar, Antonio García. Estas órdenes habían sido suspendidas desde 2022 en el marco de los diálogos de paz.
Además, el presidente Petro ha declarado estados de excepción en la región del Catatumbo, con el objetivo de facilitar la intervención del Estado y atender la crisis humanitaria. Estas medidas buscan restablecer el orden público y garantizar la protección de la población civil afectada por el conflicto.
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la situación en el Catatumbo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha condenado enérgicamente la violencia y el desplazamiento forzado de civiles, instando a un cese inmediato de las hostilidades y al acceso humanitario sin restricciones para atender a los afectados.
La región del Catatumbo, rica en cultivos de coca y estratégicamente ubicada en la frontera con Venezuela, ha sido históricamente un territorio disputado por diversos grupos armados ilegales. La ausencia prolongada del Estado y la presencia de economías ilícitas han contribuido a la perpetuación del conflicto y la vulnerabilidad de las comunidades locales.
La actual crisis en el Catatumbo representa uno de los mayores desafíos para el gobierno colombiano en su búsqueda de la paz y la estabilidad en el país. La necesidad de una intervención integral que aborde las causas estructurales del conflicto es imperativa para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afectada.